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La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las fuerzas más transformadoras del siglo XXI, convirtiéndose en pieza clave de la digitalización de los gobiernos en todo el mundo. El uso de la IA por parte de las administraciones públicas permite automatizar procesos internos y servicios públicos, personalizar la atención ciudadana, mejorar la toma de decisiones y la capacidad de predicción, detectar fraudes y enriquecer el aprendizaje y la calidad del trabajo de los empleados públicos. Según el Alan Turing Institute, la IA podría automatizar hasta el 84% de las transacciones repetitivas de los servicios públicos, ahorrando el equivalente a 1.200 años-persona de trabajo anualmente. Pese a este potencial, la adopción de la IA en el sector público todavía va por detrás del sector privado.
La OCDE ha publicado un nuevo informe “Governing with Artificial Intelligence” donde ha analizado más de 200 casos de uso de la IA en 11 funciones clave de gobierno. Los resultados muestran que la IA está más presente en la prestación de servicios públicos, la administración de justicia y la participación ciudadana, mientras que su uso es más limitado en la evaluación de políticas, la administración tributaria y la reforma de la función pública. Esta distribución se explica por la variedad de usos posibles en algunos ámbitos (como los servicios públicos) y por las restricciones reguladoras o técnicas en otros (como la gestión tributaria o la reforma administrativa).
Los casos de uso más habituales se basan en enfoques clásicos de reglas o técnicas de machine learning, mientras que la IA generativa (como los grandes modelos de lenguaje) es todavía poco frecuente. Los principales beneficios identificados son la automatización de procesos, la mejora de la toma de decisiones y la detección de anomalías o fraude.

Los retos de implementación son notables: carencia de talento especializado, dificultades para acceder y compartir datos de calidad, costes financieros, rigidez reguladora e infraestructuras tecnológicas antiguas. Muchas iniciativas se quedan en fase piloto o en estados previos (60%) por estas barreras. Además, la carencia de mecanismos de monitorización y evaluación dificulta medir el impacto y detectar riesgos.

No existe una adopción de la IA exenta de riesgos. Algoritmos sesgados pueden generar resultados adversos; un uso inadecuado puede vulnerar derechos fundamentales; la falta de transparencia y comprensión pública puede erosionar la confianza ciudadana; y una dependencia excesiva puede ampliar la brecha digital y propagar errores sistémicos. También existe el riesgo de desplazamiento laboral si la IA sustituye, en lugar de aumentar, las capacidades de los empleados públicos.
No aprovechar la IA también comporta riesgos: se pierden oportunidades de mejora y se amplía la distancia con el sector privado. Los gobiernos deben adoptar la IA para responder a las demandas crecientes de la ciudadanía y reforzar la confianza en las instituciones. Esperar a tener todas las incógnitas resueltas puede relegar al sector público a un papel pasivo y costoso.

Para aprovechar los beneficios de la IA y mitigar sus riesgos, la OCDE recomienda a los gobiernos desplegar:
La OCDE anima a priorizar aplicaciones de alto beneficio y bajo riesgo, ya avanzar hacia una IA transparente, ética y segura. La mayoría de gobiernos todavía no disponen de procesos para medir de forma integral los resultados e impactos de la IA, lo que debería ser una prioridad.
Puede consultar elinforma completos.
referencia: OECD (2025), Governing with Artificial Intelligence: State of Play and Way Forward in Core Government Functions, Publicaciones de la OCDE, París, https://doi.org/10.1787/795de142-en