El Parlamento de Cataluña ha aprobado la proposición de ley de modificación de la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña. Se trata de un texto impulsado por los grupos parlamentarios Socialistas y Unidos por Avanzar, ERC y Comunes y acordado con el Govern con el objetivo de garantizar una atención más adecuada a la ciudadanía, reforzar el derecho a una buena administración y adaptar la actuación administrativa a los nuevos modelos de prestación de servicios públicos.
Algunas de las modificaciones incorporadas son la introducción del derecho de las personas a rectificar sus errores frente a la Administración, la prestación de servicios proactivos y la supresión por ley de la cita previa obligatoria.
Hacia una Administración proactiva y personalizada
Una de las destacadas innovaciones de esta reforma legislativa es la regulación de los servicios proactivos y personalizados. Esta figura, pionera en el derecho administrativo catalán, supone un cambio de paradigma en la relación entre la administración y la ciudadanía. Hasta ahora, la Administración funcionaba en gran medida de forma reactiva: sólo actuaba cuando la ciudadanía hacía un trámite o presentaba una solicitud. Con este nuevo enfoque, se avanza hacia una Administración que actúe de forma anticipada, preventiva e inteligente, que acompañe a las personas y les facilite los trámites y el ejercicio de sus derechos.
La introducción del derecho al error
Otra de las aportaciones innovadoras es el reconocimiento del derecho de las personas a rectificar sus errores frente a la Administración. Así, se prevén mecanismos para evitar la imposición de sanciones derivadas de errores materiales o formales cometidos de forma no fraudulenta, que permite a las personas que puedan esgrimir el error y, por tanto, rectificarlo en los trámites correspondientes de los procedimientos administrativos.
Hasta la fecha, sólo la Administración tenía potestad de rectificar sus errores a través de la revocación de sus actos, pero esta posibilidad no se reconocía a los ciudadanos. Ahora, se reconoce por primera vez este derecho, que ya se regula por ley en países como Francia o Polonia y que transforma la relación que la Administración mantiene con la sociedad, pasando de la tradicional desconfianza en hacer confianza en las personas que se relacionan con ella.
La supresión de la cita previa obligatoria
Otro importante cambio es la incorporación de la prohibición expresa de imponer la cita previa como requisito obligatorio para acceder a los servicios presenciales de la Administración. De esta forma, la cita previa sólo puede ser utilizada como medida para mejorar la eficiencia y la atención a las personas, pero nunca como un requisito.
La eliminación de la cita previa obligatoria ya formaba parte del plan de choque de medidas inmediatas que acompañó al Acuerdo de Gobierno de impulso de la reforma de la Administración. colectivos vulnerables y los afectados por la brecha digital.
Estas medidas se enmarcan en el proceso de reforma de la Administración y mejora de los servicios públicos puestos en marcha por el Gobierno con el fin de construir un sector público más eficiente, proactivo y centrado en las personas. Se trata de la primera iniciativa legislativa que sigue adelante inspirada en los trabajos de la Comisión de expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA), que este lunes entregaron al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sus 50 propuestas para transformar el sector público.
(Fuente de la imagen: Parlament de Catalunya)
