El pasado 28 de octubre, Miquel Estapé, director gerente del Consorci AOC, participó como ponente en la 2a edición de la Conferencia Europea 4D: Digitalización Democrática y Derechos Sociales, un evento impulsado por Acento Abierto i Xnet / Instituto para la Digitalización Democrática que reunió a expertos, activistas y responsables públicos para debatir sobre el futuro digital de nuestras sociedades y cómo garantizar que la digitalización esté al servicio del bien común.
Durante su intervención, Miquel Estapé puso el foco en uno de los grandes retos pendientes de la Unión Europea: el acceso y la compartición a los datos con valor público por parte de las administraciones públicas. Tal y como expresó: “La UE debería haber regulado con mayor ambición el Data Act y el Data Governance Act para que la Administración tuviera un acceso fácil, ágil y económico a los datos con valor público, tanto del sector público como privado, por proyectos de interés general, respetando el Reglamento de Protección de Datos."
Esta afirmación resume una problemática recurrente: los datos que podrían impulsar políticas públicas innovadoras y eficientes a menudo están dispersas, fragmentadas o en manos de operadores privados, y el acceso a ellas o la compartición es complejo, costoso y jurídicamente enrevesado.
Desde la AOC, se han vivido casos concretos que ejemplifican esta dificultad:
- El acceso a datos sobre el consumo de agua municipal, aún siendo públicas, requiere negociaciones y numerosas gestiones con múltiples empresas concesionarias.
- La imposibilidad de la AOC de ceder datos anonimizados que gestiona como encargo de tratamiento a entidades de investigación o del tercer sector sin autorización expresa de cada uno de los ayuntamientos responsables de los datos.
- La dificultad para negociar y comprarlos datos privados con valor público, cómo puede ser de movilidad de los operadores de telecomunicaciones, de salud de los relojes inteligentes o actividad económica de las entidades financieraseres. Son datos generados por las personas, pero que están en control de empresas privadas, y que no pueden autorizar fácilmente la cesión al sector público por proyectos de interés general de forma fácil y ágil.
Todo ello evidencia que la actual regulación europea es insuficiente. El Ley de gobernanza de datos promueve la compartición voluntaria de datos anonimizados, pero no obliga a las empresas a compartirlos con las administraciones. El Ley de datos sólo permite acceder a datos privados en casos de "necesidad excepcional", como emergencias o mandatos legales, pero con requisitos muy restrictivos.
Miquel Estapé planteó la necesidad de una regulación europea más ambiciosa, que reconozca el interés general como base legítima por acceder a datos con valor público, con garantías de protección de datos personales, estableciendo un precio justo por el coste real de su gestión, pero sin bloqueos excesivos. De esa forma podríamos promover administraciones más inteligentes, más inclusivas y más eficientes.
Desde la AOC, seguimos trabajando para impulsar una digitalización centrada en las personas, que ponga los datos al servicio del bien común y que refuerce la confianza ciudadana en los servicios públicos digitales.
