La digitalización de los gobiernos locales no es sólo una cuestión de tecnología. Cada trámite online, cada notificación electrónica, cada uso de datos o de inteligencia artificial tiene un impacto directo en los derechos de la ciudadanía. En este contexto, los derechos digitales se han convertido en una pieza clave para garantizar una transformación digital justa, inclusiva y centrada en las personas.
Pero, ¿qué entendemos exactamente por derechos digitales? ¿Y qué papel juegan las administraciones locales?
¿Qué son los derechos digitales?
Los derechos digitales son la adaptación de los derechos fundamentales en el entorno digital. No se trata de derechos nuevos, sino de garantizar que los derechos de siempre también se ejerzan plenamente cuando la relación con la Administración es digital.
Hablamos, por ejemplo, del derecho a:
- Acceder a los servicios públicos digitales sin barraeres
- Proteger los datos personales y la privacidad
- Entender los trámites y las comunicaciones administrativas
- No quedar excluido por carencia de competencias digitales o recursos
- Disponer de alternativas cuando el canal digital no sea viable
¿Por qué los derechos digitales son claves para los gobiernos locales?
Ayuntamientos, consejos comarcales y otros entes locales son el primer punto de contacto entre la ciudadanía y la Administración. Cuando un trámite pasa a ser digital por defecto, los derechos digitales dejan de ser un concepto abstracto y se convierten en una responsabilidad muy concreta.
Un servicio digital mal diseñado puede excluir a personas, generar desconfianza o dificultar el ejercicio de derechos. En cambio, un servicio concebido desde los derechos digitales:
- Mejora la experiencia de usuario
- Hace la Administración más eficiente y cercana
Derechos digitales en el día a día de la administración local
Los derechos digitales se concretan en decisiones cotidianas de diseño, implantación y gestión de servicios digitales.
🔹 Accesibilidad e inclusión
Garantizar que cualquier persona pueda utilizar los servicios digitales de forma autónoma es un derecho digital básico.
- e-NOTUM i VÀLID cuentan con certificaciones de accesibilidad, lo que permite que personas con diversidad funcional puedan recibir notificaciones o autenticarse sin barraeres.
- La apuesta por el diseño responsive y mobile first facilita el acceso a los servicios también desde el móvil, el dispositivo más extendido entre la ciudadanía.
🔹 Identificación y autenticación inclusivas
El acceso a los servicios digitales no puede quedar reservado sólo a quienes poseen certificados digitales complejos o conocimientos avanzados.
- idCAT móvil permite identificarse de forma sencilla, segura y sin instalaciones, facilitando el acceso a los trámites digitales a colectivos con menor capacitación digital.
- VÀLID integra distintos mecanismos de identificación, permitiendo a cada administración adaptarse a la realidad de su territorio.
🔹 Derecho a entender: lenguaje llano y experiencia de usuario
Los derechos digitales también tienen que ver con la comprensión. Si una persona no entiende qué se le pide o qué está haciendo, el derecho de acceso queda vacío de contenido.
- A e-TRAM, la AOC trabaja la simplificación del lenguaje de los formularios y la mejora de la experiencia de usuario para que los trámites sean más claros e intuitivos.
- Las notificaciones dee-NOTUM buscan cada vez más un lenguaje comprensible, reduciendo tecnicismos administrativos.
🔹 Alternativas y soporte al canal digital
No todo el mundo puede o sabe relacionarse digitalmente con la Administración en todo momento. Garantizar alternativas es clave para no generar exclusión.
- Representa permite que una persona autorice a un tercero (familiar, profesional, trabajador social) a realizar trámites en su nombre de forma segura y registrada.
🔹 Protección de datos y seguridad
El derecho a la privacidad ya la protección de datos será transversal a cualquier servicio digital público.
- Servicios como guárdalo, VÀLID o e-NOTUM cumplen el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- El diseño de los servicios incorpora criterios de minimización de datos y uso responsable de la información personal.
🔹 Transparència y control en el uso de la tecnología
Especialmente en un contexto de creciente uso de algoritmos e inteligencia artificial, la ciudadanía tiene derecho a saber cómo y para qué se utilizan estas tecnologías.
- Las líneas de trabajo de la AOC en gobernanza de datos i ética digital buscan asegurar que cualquier uso avanzado de datos se haga con garantías y control público, con una apuesta clara por la transparència algorítmica p.ej.
El papel de la AOC
Desde la AOC trabajamos para poner los derechos digitales en práctica, no sólo sobre el papel:
- Desarrollando servicios accesibles, seguros e inclusivos
- Acompañando a las administraciones locales en su transformación digital
- Situando a las personas y sus derechos en el centro de las decisiones tecnológicas
Porque la digitalización sólo tiene sentido si mejora la relación entre la ciudadanía y las administraciones.
Los derechos digitales no son un freno a la innovación, sino su mejor garantía y una buena guía de cómo implementarla. Integrarlos desde el principio permite construir administraciones locales más humanas, más cercaeres y más confiables.
