El Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) ha publicado el informe “Sistema integrado de prestaciones sociales en Cataluña: diagnóstico y recomendacionesEl sistema moviliza más de 2.000 millones de euros en 49 ayudas, pero no llega a todo el que tiene derecho a ello: en Cataluña, según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que recoge el informe, no solicitan el ingreso mínimo vital (IMV) el 64% de los hogares (CAPI) el 78%. La respuesta es un sistema que comparta datos y criterios y que salga a encontrar a las personas.
Todo descansa en la interoperabilidad, y el informe es explícito: el servicio Via Oberta de la AOC debe ser el punto de partida, porque construir una infraestructura paralela sería un error estratégico. Resolverlo una vez para todos es la forma de garantizar que un ayuntamiento pequeño tenga los mismos datos y garantías que una diputación.
Casi dos tercios de los hogares con derecho al IMV no lo cobran
El informe mide la distancia entre el derecho y el cobro con el non take-up: las personas que cumplen los requisitos de una prestación y no la solicitan. En Cataluña es del 64% en el IMV y del 78% en el CAPI, frente al 18% de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). Aplicado a los perceptores de diciembre de 2025, significa unos 127.500 hogares potencialmente elegibles para el IMV, de los que cobraban 43.364. Los autores lo presentan como un cálculo orientativo.
La arquitectura pesa en ella. El RGC, el IMV y la dependencia definen de forma diferente a la unidad de convivencia, y los entes locales añaden una cuarta definición: una misma familia puede ser elegible para una prestación y no para otra que busca el mismo mínimo vital.
Una ventanilla única sólo funciona si los datos circulan entre administraciones
El informe distingue cinco niveles de integración, desde armonizar criterios hasta fusionar prestaciones. Compartir datos y abrir una puerta de entrada común no altera los derechos reconocidos y puede empezarse, sin cambio legislativo, en los procedimientos que ya tienen base jurídica propia. El primer paso es el formulario concatenado IMV-RGC, activo desde el 1 de octubre. Para que no se quede en un formulario, es necesario el principio de una sola vez, que el artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/1724 ya fundamenta: hoy una persona aporta datos equivalentes en procesos independientes de RGC, IMV y ayudas de urgencia municipales.
Via Oberta como columna vertebral
El informe hace de Via Oberta la infraestructura de interoperabilidad de las administraciones catalanas, el punto de partida del sistema: una infraestructura paralela duplicaría inversión, mantenimiento y riesgo de discrepancias entre fuentes. Via Oberta ya permite consultar la AEAT, la Seguridad Social, el SEPE, el catastro y el INE, y da acceso a cerca de 900 fuentes auténticas, pero se usa en torno al 20% de su óptimo.
En concreto, pide dos actuaciones que no requieren ninguna ley: ampliar las fuentes con el Registro de Fianzas, el Registro Civil informatizado y la matrícula escolar, y establecer una gobernanza técnica compartida entre la AOC, el Social del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión y los entes locales. Para un servicio social de un ayuntamiento pequeño significa consultar el dato en lugar de pedir el documento, y dedicar el tiempo recuperado a atender.
Estandarizar para reutilizar: publicar el resultado, no rehacer el cálculo
La capacidad económica se calcula de nuevo por cada prestación. El informe no propone unificar sus criterios, que exigiría un cambio normativo, sino publicar su resultado en Via Oberta como dato interoperable, con trazabilidad de quien lo ha calculado y con qué criterio, y con caducidad regulada. Antes de acordar los parámetros y hacer una evaluación de impacto en protección de datos supervisada por la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Para un ayuntamiento significa no recalcular la capacidad económica de una familia que otra administración ya ha calculado.
El informe suma un catálogo único y obligatorio de prestaciones de los tres niveles y, a medio plazo, una ontología común para que las normas describan sus criterios de elegibilidad en un formato legible por máquina. Con una garantía: la cláusula de no regresividad, para que la integración no haga que nadie cobre menos.
Ayudas proactivas con base legal, no con consentimiento
El informe trata el consentimiento como el cuello de botella invisible. En muchas comprobaciones del IMV y RGC la consulta de datos ya tiene base jurídica propia. El problema es identificar proactivamente a personas potencialmente elegibles que aún no han iniciado ningún procedimiento: pedirles el consentimiento explícito impide justamente actuar antes de que entren en contacto con el sistema.
El informe no propone construir el sistema proactivo sobre un amplio consentimiento, como hace el modelo griego: difícilmente es libre cuando el mujer quien necesita la prestación y es revocable en cualquier momento. Propone una habilitación legal expresa, con base en los artículos 6.1.cy 6.1.e del Reglamento general de protección de datos (RGPD), un catálogo cerrado de servicios proactivos y garantías: tratamientos limitados a actuaciones favorables a la persona, control de la automatización y de los perfiles, trazabilidad de los accesos, pseudonimización y evaluación de impacto previa. En Estonia, la Administración ya envía e-ofertas automáticas de prestaciones familiares.
Detectar no es decidir. El sistema prepara el expediente y avisa a la persona por el canal que haya elegido; la resolución sigue siendo humana, con explicabilidad, derecho a revisión y auditoría continua. Y porque parte de los más vulnerables no deja rastro administrativo, la detección por datos se complementa con una vía territorial: cualquier contacto con los servicios sociales debe revisar todo el catálogo de derechos.
Evaluar para medir y publicar los resultados de forma abierta
Ninguna administración responsable de una prestación tiene hoy la obligación de calcular y publicar su non take-up. El 64% del IMV y el 78% del CAPI no salen del sistema, sino de estudios externos, y el informe saca la consecuencia: sin una medida propia, regular y pública, nadie responde y nadie puede saber si las reformas funcionan. No es un problema sólo catalán: según la OCDE, sólo una de cada cuatro administraciones evalúa sistemáticamente los proyectos de gobierno digital una vez implantados.
El informe propone hacerlo obligatorio, con una metodología armonizada desarrollada con Ivalua e Idescat y, si es posible, con la Agencia Tributaria, y publicar la serie y la brecha acumulada como indicador del conjunto del sistema. La medida no debe limitarse a las ayudas económicas: debe abarcar los servicios de la Cartera y la dependencia, donde el problema no es que no se pida, sino lo que tarda en llegar. En junio de 2025 había 77.745 personas en lista de espera de dependencia, y el tiempo medio era de 326 días, frente a los 180 que fija la ley.
Medir exige saber lo que hay. Por eso pide un catálogo único y obligatorio, con una ficha normalizada por prestación (quien la ofrece, a quién se dirige, qué requisitos, qué cuantía y duración), y un conjunto mínimo básico de datos de servicios sociales que incorpore la actividad local, hoy sin ningún registro completo del gasto municipal. Publicados de forma abierta, el catálogo y los indicadores permitirían a la ciudadanía saber qué puede pedir y cuánto tarda, ya las administraciones compararse con una misma vara. Es también una consecuencia del modelo compartido: la infraestructura que ya conecta las administraciones es la que puede alimentar el indicador, en lugar de que cada ente se calcule el suyo.
Informe: Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación, S. (2026) "Sistema integrado de prestaciones sociales en Cataluña: diagnóstico y recomendacionesDepartamento de Derechos Sociales e Inclusión.
