Jaume Miralles, nuevo director general de inteligencia artificial de la Generalitat
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La Generalidad de Cataluña ha nombrado a Jaume Miralles, ingeniero técnico de Telecomunicaciones e ingeniero superior en Electrónica, nuevo director general de inteligencia artificial.
El objetivo principal de esta nueva dirección general de IA, Eficiencia y Datos de la Administración, creada en julio, será el uso de esta tecnología en la administración para hacerla más ágil y cercana a la ciudadanía.
La previsión de la dirección general es trabajar en dos vías: que la IA sirva para mejorar los trámites burocráticos para que sean más eficientes y que se incorpore en el día a día de los empleados públicos que se dedican a tareas fundamentalmente administrativas y de servicios.
Con esta nueva dirección, la Generalitat da un paso más en su estrategia de apuesta evidente por una inteligencia artificial como instrumento para mejorar los servicios públicos, es decir, con propósito.
Por todo ello, el Govern impulsa ahora un marco normativo específico con estos objetivos:
Establecer un modelo institucional de dirección pública profesional estable, desvinculado de la lógica exclusivamente política o funcionarial, que permita reconocer y estructurar un espacio propio para el ejercicio de funciones directivas con responsabilidad gerencial y orientación al desempeño de objetivos.
Mejorar la imparcialidad, la transparència y la calidad de los procesos de selección de puestos de carácter directivo, mediante requisitos homogéneos y criterios objetivos de valoración que garanticen la idoneidad de los perfiles designados.
Incrementar la responsabilidad institucional y la cultura de la rendición de cuentas, asociando el ejercicio de funciones directivas a la consecución de resultados medibles ya la evaluación periódica del desempeño.
Reforzar la coherencia y la racionalidad organizativa dentro de la estructura administrativa de la Generalidad y de su sector público institucional, con una clara clasificación de los puestos de dirección, una delimitación funcional adecuada y un régimen jurídico común que asegure seguridad jurídica.
Consolidar una cultura de gestión pública orientada a resultados, a la excelencia y al servicio a la ciudadanía, que permita reforzar la confianza en las instituciones públicas y su capacidad de liderazgo operativo.
La nueva normativa incluirá:
La definición jurídica de la figura del directivo público profesional.
Una clara clasificación de los puestos directivos
La implantación de un sistema concreto de selección basado en mérito, capacidad, publicidad e idoneidad mediante un procedimiento abierto y objetivo.
La creación de una comisión de calificación independiente, como mecanismo de evaluación imparcial de las candidaturas.
El establecimiento de mandatos temporales limitados en el tiempo vinculados a propuestas de gestión con objetivos cuantificados y calificables.
La incorporación de sistemas de evaluación periódica del desempeño con impacto en la continuidad y retribución variable.
La fijación de un régimen jurídico propio.
Un régimen transitorio para garantizar la continuidad institucional hasta el despliegue completo del nuevo modelo.
