Pep Budí, nuevo subdirector de Transformación Digital de la AOC, seleccionado siguiendo un proceso de dirección pública profesional

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La AOC ha nombrado Pep Budí como nuevo subdirector de Transformación Digital, después de un proceso de selección basado en los principios de transparència, mérito y capacidad. Este nombramiento refuerza el compromiso de la AOC con una gestión pública profesionalizada para atraer al talento y alineada con las recomendaciones de la Comisión de expertos para la transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña (CETRA) y las buenas prácticas de los países más avanzados en buen gobierno.

Con más de 25 años de experiencia en el sector público, Pep Budí se define como un intraemprendedor y un firme impulsor de la transformación digital. Ha liderado proyectos innovadores en ámbitos como el gobierno digital, el gobierno abierto y las ciudades inteligentes, con reconocimiento a nivel nacional. Es ingeniero en informática por la URV y ha completado su formación con estudios de dirección de sistemas de información, gobernanza de los datos, dirección pública, ciudades inteligentes y estrategias de innovación.

Hasta ahora era el director de tecnologías de la información y comunicación en el Ayuntamiento de Tarragona y anteriormente había sido jefe de nuevas tecnologías en el Ayuntamiento de Cambrils. Forma parte de la comisión asesora de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña para el despliegue del modelo de ciberseguridad en la Administración Local, y colabora como asesor externo del Consorcio Localret en materia de ciudades digitales.

Una subdirección clave para impulsar la gestión del cambio de los servicios AOC

La nueva subdirección de Transformación Digital tendrá un papel clave en la definición y ejecución de las estrategias de despliegue, gestión del cambio, promoción del uso y acompañamiento de los servicios AOC. Coliderará, coordinará y planificará iniciativas para impulsar la mejora continua y la innovación, respondiendo a los retos de las administraciones catalanas. Y participará en el proyecto de Espacio de Datos del Mundo Local para garantizar que todos los entes locales aprovechen el potencial de las tecnologías de analítica y de inteligencia artificial.

Un proceso de selección riguroso basado en los méritos y capacidades

La plaza de subdirector de la AOC es de libre designación y su nombramiento es una decisión discrecional de la Dirección. Inspirado con el impulso del Gobierno de la Generalidad, se han seguido las recomendaciones de la Comisión de expertos para la definición de la estrategia de transformación de la Administración de la Generalidad de Cataluña y la mejora de los servicios públicos (CETRA) que plantean un nuevo modelo de dirección pública profesional homologable a las mejoras prácticas europeas. El procedimiento llevado a cabo se ha basado en la aplicación rigurosa de los principios de transparència, igualdad de oportunidades, mérito, capacidad, e idoneidad. Los elementos clave del proceso han sido:

  • Descripción clara del puesto de trabajo: se ha elaborado una descripción detallada de la misión, funciones, responsabilidades y requisitos del perfil profesional en lo que se refiere a la formación y la experiencia específica necesaria. Concretamente, se requería una amplia experiencia en puestos directivos liderando proyectos de transformación digital y en el ámbito de la administración local. Además, era necesaria formación especializada en dirección y gestión pública, gestión de proyectos y del cambio. También eran necesarios conocimientos en procedimiento administrativo, contratación pública y herramientas digitales de productividad.
  • Definición de las competencias directivas requeridas: basándonos en el 'Diccionario de competencias de los cargos directivos y de mando de la Escuela de Administración Pública de Cataluña' la convocatoria ha definido el conjunto de competencias directivas clave para este puesto de trabajo. Concretamente, se ha requerido un nivel alto en lo que se refiere a la visión estratégica digital, al compromiso con el servicio y la organización, la flexibilidad, la gestión del cambio, el trabajo en equipo y la orientación a resultados ya la calidad.
  • Constitución de una comisión técnica de valoración formada por expertos que se han encargado de la evaluación y valoración imparcial de las candidaturas y pruebas. Ha estado integrada por cuatro miembros: dos subdirectores de la AOC y dos personas externas con amplia experiencia directiva en el sector público. Han desarrollado las siguientes tareas:
    • Análisis del currículo de las candidaturas y requisitos
    • Evaluación de las competencias directivas por parte de una empresa especializada con el apoyo de la EAPC, mediante una evaluación de siete dimensiones, la motivación en el trabajo, la capacidad de liderazgo, la interacción, actividad, estilo de trabajo, temperamento y capacidad de subordinación, y casos prácticos y entrevistas competenciales.
    • Valoración del proyecto de transformación digital presentado por cada candidatura en el ámbito de la transformación digital.
    • Realización de una entrevista estructurada
    • Propuesta a la Dirección gerencia de la AOC las tres candidaturas que mejor se ajusten a los requisitos, perfil y competencias del puesto de trabajo.
  • Finalmente, la Dirección Gerencia de la AOC propuso, de forma motivada, el nombramiento de la candidatura idónea, entre las tres personas aptas para realizar el ejercicio de las funciones.

La AOC comprometida con la dirección pública profesional

Con este nombramiento, la AOC reafirma su compromiso con:

  • La profesionalización de la dirección pública.
  • La atracción y retención de talento mediante criterios objetivos.
  • La alineación con los valores del servicio público.
  • El impulso de una función directiva capaz de liderar la transformación digital y la innovación en las administraciones catalanas.

Gobierno y entidades acuerdan iniciar la tramitación de la Ley de la Dirección Pública Profesional

Acto sobre la futura Ley de la Dirección Pública Profesional de la Generalitat

El Gobierno ha aprobado la memoria preliminar de la Ley de la Dirección Pública Profesional. El objetivo general de esta iniciativa normativa es reforzar la calidad institucional y la capacidad directiva de la Administración de la Generalidad de Cataluña mediante el impulso de un modelo específico de dirección pública profesional orientado al ejercicio de la función con responsabilidad gerencial y al desempeño de objetivos. 

En este sentido, el Gobierno considera que el espacio político debe definir los objetivos estratégicos y las prioridades mientras que la dirección pública profesional debe gestionar los recursos, procesos y actividades para conseguir la consecución de los objetivos eficientemente. Este modelo, que sigue las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), debe permitir dotar a la administración de la Generalitat de una gobernanza robusta de arquitectura estable, coherente y orientada a resultados en el ámbito directivo.

Por todo ello, el Govern impulsa ahora un marco normativo específico con estos objetivos:

  1. Establecer un modelo institucional de dirección pública profesional estable, desvinculado de la lógica exclusivamente política o funcionarial, que permita reconocer y estructurar un espacio propio para el ejercicio de funciones directivas con responsabilidad gerencial y orientación al desempeño de objetivos.
  2. Mejorar la imparcialidad, la transparència y la calidad de los procesos de selección de puestos de carácter directivo, mediante requisitos homogéneos y criterios objetivos de valoración que garanticen la idoneidad de los perfiles designados.
  3. Incrementar la responsabilidad institucional y la cultura de la rendición de cuentas, asociando el ejercicio de funciones directivas a la consecución de resultados medibles ya la evaluación periódica del desempeño.
  4. Reforzar la coherencia y la racionalidad organizativa dentro de la estructura administrativa de la Generalidad y de su sector público institucional, con una clara clasificación de los puestos de dirección, una delimitación funcional adecuada y un régimen jurídico común que asegure seguridad jurídica.
  5. Consolidar una cultura de gestión pública orientada a resultados, a la excelencia y al servicio a la ciudadanía, que permita reforzar la confianza en las instituciones públicas y su capacidad de liderazgo operativo.

La nueva normativa incluirá:

  1. La definición jurídica de la figura del directivo público profesional.
  2. Una clara clasificación de los puestos directivos
  3. La implantación de un sistema concreto de selección basado en mérito, capacidad, publicidad e idoneidad mediante un procedimiento abierto y objetivo.
  4. La creación de una comisión de calificación independiente, como mecanismo de evaluación imparcial de las candidaturas.
  5. El establecimiento de mandatos temporales limitados en el tiempo vinculados a propuestas de gestión con objetivos cuantificados y calificables.
  6. La incorporación de sistemas de evaluación periódica del desempeño con impacto en la continuidad y retribución variable.
  7. La fijación de un régimen jurídico propio.
  8. Un régimen transitorio para garantizar la continuidad institucional hasta el despliegue completo del nuevo modelo.
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