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El Sistema de Diseño AOC, ahora a disposición de las administraciones públicas
La Generalidad de Cataluña ha constituido la sesión inicial de la Comisión de Inteligencia artificial, el órgano estratégico creado para organizar la implantación responsable de la inteligencia artificial (IA) en los servicios públicos de la Generalidad de Cataluña.
La Comisión se ha constituido con la representación de altos cargos de todos los departamentos del Gobierno y las direcciones de varios entes del sector público, y está previsto que puedan incorporar a otras administraciones públicas de Cataluña, así como expertos en la materia. Este órgano se convierte en una herramienta transversal, definida en el acuerdo de gobierno del pasado 27 de febrero, y tiene como funciones: establecer las actuaciones para impulsar y supervisar la IA en los servicios públicos de la Administración de la Generalidad, evaluar el impacto de la IA en este ámbito, velar por el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas éticas así como la coordinación entre los órganos responsables.
El secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Marc Realp y Campalans, ha presidido la reunión constitutiva, en la que ha hecho el encargo de elaborar conjuntamente una estrategia de implantación de la IA en la Generalitat, con el propósito de "convertir Cataluña en un referente en el uso confiable de la IA", "siguiendo los principios de transparencia, responsabilidad, equidad, seguridad, sostenibilidad y el arraigo en el país".
En paralelo a la definición general de la estrategia, la Comisión ha activado grupos de trabajo para definir algunas actuaciones concretas y urgentes. Por un lado, se ha iniciado la elaboración de una guía de riesgos, que estandarice para toda la Generalitat el procedimiento de identificación, evaluación, mitigación y monitorización de los eventos derivados del uso de la IA. Por otra parte, se está definiendo también el contenido de un registro que contendrá información sobre los sistemas de IA de la Generalitat y permitirá comunicarla a la ciudadanía como garantía de transparencia.