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En un momento en que la pobreza energética en Cataluña está aumentando significativamente, con más del 9% de la población experimentando dificultades para pagar los suministros básicos a tiempo, la Ley 24/2015 se ha convertido en un mecanismo clave para proteger a las personas vulnerables. Esta ley establece que, para evitar los cortes de suministro a personas vulnerables, los servicios sociales municipales deben acreditar la situación de riesgo de exclusión residencial mediante un informe de pobreza energética.
La Ley 24/2015 evitó 200.000 cortes de suministros entre 2015 y 2020, pero la tarea es titánica. Cerca de 800 ayuntamientos deben procesar mensualmente datos de más de 50 empresas suministradoras y emitir informes en un plazo de 15 días. Este proceso, donde debe acreditarse la situación de vulnerabilidad de los usuarios, se hace principalmente de forma manual, lo que lo hace lento e ineficiente, generando una importante carga de trabajo administrativa al personal de las administraciones locales.
La solución digital del Consorci AOC
Para afrontar esta situación, hace un año y medio que el Consorci AOC trabaja en un proyecto piloto con un objetivo claro: automatizar y digitalizar el proceso de elaboración de informes de pobreza energética. Este piloto se basa en el uso de una plataforma en la nube que permite estandarizar y automatizar la gestión de los informes, reduciendo la carga administrativa y mejorando la eficiencia de todo el proceso.
¿Cómo funciona el piloto?
El servicio permite que los servicios sociales municipales carguen en la plataforma los archivos enviados por los proveedores energéticos, que contienen los contratos afectados por posibles cortes de suministro. Una vez cargados, la plataforma realiza automáticamente consultas de interoperabilidad en Via Oberta para obtener los datos necesarios para elaborar los informes correspondientes. Estos datos incluyen información como la residencia, la renta, las ayudas sociales o las situaciones de discapacidad y dependencia.
Esto no sólo ahorra tiempo a los ciudadanos, puesto que no se les solicitan documentos que ya poseen las administraciones, sino que también asegura el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la leyCon el derecho de acceso a los suministros básicos y el deber de colaboración entre empresas suministradoras y administraciones públicas para emitir informes de vulnerabilidad.
El proceso automatizado paso a paso
- Verificación del padrón: Ante todo, el proceso consulta al padrón si la persona a la que se quiere cortar el suministro está empadronada en el municipio correspondiente.
- consentimiento: En caso de que esté empadronada, se comprueba si tiene un expediente abierto a los servicios sociales municipales y, por tanto, que se dispone del consentimiento de la persona para la emisión del informe y la realización de las consultas de interoperabilidad necesarias .
- Cálculo automático: Si tiene expediente social abierto, se recogen datos de ingresos, discapacidad y dependencia de diferentes bases de datos y se aplica un cálculo automático para determinar si la familia está en riesgo de exclusión residencial. Este cálculo se basa en la suma de los ingresos familiares, que se comparan con un umbral establecido
- Generación automática del informe: Una vez validada la información, se genera automáticamente el informe de pobreza energética, que se firma digitalmente con un sello de órgano.
Resultados del piloto
Después de un año y medio el piloto está en funcionamiento en 11 Áreas Básicas de Servicios Sociales (ABSS) y 5 ya lo utilizan en su operativa diaria. Estos ayuntamientos simplemente cargan los archivos que reciben de las empresas suministradoras en la plataforma y obtienen los informes generados automáticamente en cuestión de minutos u horas, dependiendo del tamaño de los archivos.
Hasta ahora se han procesado automáticamente casi 800 archivos con más de 4.500 registros de impagos. En promedio se ha podido acreditar la situación de vulnerabilidad (positiva o negativa) en el 50% de los casos, con un porcentaje de éxito superior al 90%. En los casos donde no se ha podido realizar la acreditación en un 89% de ocasiones ha sido porque no se disponía del consentimiento del titular para realizar las consultas de interoperabilidad necesarias.
Los retos superados
Pese al éxito del piloto han tenido que enfrentarse a algunos retos técnicos. Uno de los principales retos ha sido el cálculo exacto de los ingresos de la unidad familiar porque la normativa no especifica con claridad qué ingresos deben computarse ni cómo. En el piloto se ha consensuado un cálculo óptimo que incluye las rentas, pensiones, ayudas sociales y prestaciones. El cálculo se ha validado con varios ayuntamientos para asegurar que refleja adecuadamente la realidad económica de las familias.
Otro reto importante ha sido superar la falta de estandarización del proceso que dificulta su gestión. Por un lado las compañías suministradoras envían los listados de impagados por cualquier canal y en cualquier formato tampoco está establecido qué datos deben contener los informes ni cómo enviarlos a las compañías.
Los retos de futuro
Para garantizar la eficiencia y sostenibilidad de la automatización de los informes de vulnerabilidad es necesario abordar tres aspectos clave. En primer lugar automatizar la obtención del consentimiento, por ejemplo mediante un trámite electrónico de un solo clic en el móvil. Esto permitirá elaborar los informes de forma más ágil y efectiva
En segundo lugar es esencial simplificar el trámite de autorización para realizar consultas en Via Oberta. Se reducirá la complejidad jurídica administrativa de este trámite de forma que pueda completarse en días en lugar de meses. Esta simplificación acelerará el acceso al proceso de automatización.
Por último debe desplegarse reglamentariamente la ley 24/2015 por estandarizar la interoperabilidad. La creación de un hub o base de datos única facilitará la conexión entre ayuntamientos y empresas permitiendo un intercambio de datos más fácil y eficiente.
Conclusiones
Este proyecto piloto del Consorci AOC es un claro ejemplo de cómo la digitalización puede mejorar los servicios públicos y garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos de forma eficiente. La automatización reduce la carga administrativa, acelera los procesos y asegura una mayor precisión en la elaboración de los informes de pobreza energética. A medida que más ayuntamientos se adhieran la capacidad de respuesta de las administraciones locales frente a la pobreza energética se verá significativamente mejorada