Desde el Servicio de Via Oberta se quiere poner énfasis en la necesidad de que las solicitudes de altas de servicios de Via Oberta, vengan acompañadas, aparte de la normativa legal publicada (por regla general en catalán), de la normativa en castellano .
esta obligatoriedad es únicamente para aquellas solicitudes de autorizaciones que se hagan en cualquiera de los prestamistas de datos que se encuentren dentro del ámbito delAdministración General del Estado.
El motivo por el que es básico anexar la documentación en castellano viene dado por que, una vez recibida la solicitud de autorización presentada a través de EACAT por parte de cualquier Administración Pública Catalana; desde el Consorci AOC se remite a la Plataforma de Intermediación del Estado, que a su vez es la encargada de derivar las peticiones a cada uno de los emisores de datos; siendo necesaria la comprobación por parte de éstos del desempeño legal de acceso a los datos solicitados.
Tanto es así que habrá que adjuntar la normativa legal en castellano, justificativa del acceso a cualquiera de los datos que ofrecen los emisores que se encuentran dentro del ámbito de la AGE y así evitar requerimientos que muchas veces dilatan la autorización presentada. En caso de que no se disponga de la publicación en castellano, la Plataforma de Intermediación de datos admite la traducción literal de la normativa.
Este requisito se da también en el formulario donde se recoge la habilitación legal en la consulta de los datos, por lo que habrá que adjuntar también el formulario de solicitud en castellano o la traducción del mismo.
Sin embargo, por los casos de procedimientos de tramitación electrónica, será necesario adjuntar la URL del trámite y la traducción correspondiente.
Importante::
Les recordamos que en el formulario de solicitud debe constar obligatoriamente el consentimiento del ciudadano en caso de que se requiera o el texto informativo donde se le informe de los datos que se consultarán (o que se consultarán los datos que indiquen los bases o convocatoria) así como del mecanismo que se encuentra a disposición del ciudadano para ejercer su derecho de oposición justificada al tratamiento de los datos (incluida la cesión de los mismos) según el art. 28 de la ley 39/2015.
