El Síndic de Greuges ha presentado elInforme anual sobre transparència, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente al año 2020.
Este es el quinto informe que elabora el Síndic desde que la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparència, acceso a la información pública y buen gobierno, le encomendó la función de evaluar el cumplimiento de las obligaciones que se regulan.
El informe se ve condicionado en buena medida por la crisis de la COVID-19. En estas circunstancias el Síndic indica que era previsible un estancamiento general en la aplicación de la Ley, aunque también nos recuerda que la ralentización ya viene de antes.
Principales aspectos y recomendaciones del Síndic:
- La aplicación de la Ley avanza globalmente a dos velocidades, en función del tamaño y capacidad de cada administración.
- Es necesario intensificar el uso de todas las herramientas de cooperación para hacer posible la aplicación plena de la Ley en las administraciones que no pueden avanzar sustancialmente sin apoyo.
- Es necesario un compromiso más firme de los responsables de aplicar la Ley en cada una de las administraciones.
Globalmente el Síndic insiste en la percepción de estancamiento en el despliegue de las obligaciones de publicidad en buena parte de las administraciones con menos recursos. Este estancamiento convive con avances significativos en las de mayor capacidad, e identifica como principal reto de la publicidad activa en el futuro inmediato, que la informació esté bien estructurada, accessible i comprensible.
En este sentido cabe decir que este reto que plantea el Síndic se encuentra plenamente alineado con las tareas que se están realizando en el portal de portal transparència AOC (Solución que se ofrece con la Red de Gobiernos Transparentes). Pues, más allá de que el portal es una solución estándar en el territorio y por tanto convertirse en una muy buena herramienta de cooperación, en los últimos tiempos se está avanzando en accesibilidad, comprensión y automatización para hacer más cercana la transparència a la ciudadanía, fomentando al mismo tiempo la automatización de tareas de publicación en los entes locales.
De hecho el nuevo módulo de organización política o de indicadores económicos, así como el fomento de los datos abiertos (para facilitar más y mejores automatizaciones en el portal), son buenos ejemplos y están a disposición de todas las administraciones locales para mejorar en este reto aproximar la publicidad activa a la ciudadanía.
¿Y con respecto al derecho de acceso?
El informe concluye que se percibe un cambio en la concepción del derecho de acceso por parte de las administraciones, que se consolida progresivamente como un derecho ciudadano sujeto a límites a interpretar restrictivamente. Sin embargo convive con una cifra demasiado alta de casos en los que quien pide acceso no recibe respuesta, y con datos todavía alejados a las realidades de otros territorios cercanos.
