El síndico de agravios de Cataluña, Rafael Ribó, ha presentado el "Informe anual sobre Transparència, acceso a la información pública y Buen Gobierno” destacando la “ralentización general” en el despliegue de la ley de transparència a las administraciones públicas y animando a fortalecer la colaboración entre la Generalitat y las administraciones públicas. “La Ley de Transparència es una ley compleja que pide un cambio cultural importante“, ha apuntado en rueda de prensa en el Parlamento después de mantener un encuentro con el presidente de la cámara, Roger Torrent, al que ha entregado un ejemplar del informe que ha elaborado. Ribó ha atribuido el retraso a las "circunstancias políticas" que se han vivido en Catalunya en los últimos meses.
Una de las propuestas que ha hecho el síndico es que se establezca una mayor colaboración entre administraciones y que la Generalitat adopte un rol “más activo” para liderar esta sinergia. Cuanto menor es el poder local, más se nota esta carencia”, ha constatado Ribó, que también ha subrayado la necesidad de hacer un despliegue reglamentario de la ley de transparència.
Así, ha recalcado que es necesario realizar desde las instituciones un trabajo para difundir la información pública de manera "estructurada, organizada y más completa". En este sentido, ha señalado que se necesitan más recursos para la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) para asegurar la calidad de la información facilitada. Además, Ribó apuntó la importancia de dejar claro a los ciudadanos que tienen derecho a acceder a la información.
Pese a las recomendaciones, Ribó ha indicado que se ha avanzado con la elaboración de unos 90 códigos éticos adaptados a la ley. Por ejemplo, la Generalitat publica toda la información sobre publicidad prevista en la normativa, según ha indicado el síndico.
