El Síndic de Greuges ha presentado el segundo Informe anual sobre transparència, acceso a la información pública y buen gobierno. Tras entregar el documento a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, Rafael Ribó ha hecho públicas las principales conclusiones y recomendaciones incluidas en el Informe.
Una de las conclusiones más destacadas ha sido el elevado número de solicitudes de acceso a la información recibidas en 2016, dato que se ha obtenido a partir de las respuestas facilitadas por las administraciones evaluadas. Según las respuestas, se registraron 9.127 solicitudes, tres veces más que la evaluación anterior. Esta cifra sitúa a Catalunya en un ratio de solicitudes similar a países donde el derecho de acceso a la información está reconocido desde hace más años.
Este carácter de derecho democrático esencial comporta que debe recibir una atención preferencial de las administraciones. El alto porcentaje de ausencia de respuesta (medida a partir de un muestreo de consultas hechas de incógnito según el método que se conoce como “ciudadano oculto”) indica que todavía no es así. Así de 175 solicitudes enviadas, 53 se han quedado sin respuesta.
Por lo que respecta a la publicidad activa, el informe ha analizado más de 2.400 portales web entre administraciones y otros entes obligados. A pesar de esta disparidad, se observa que las mayores administraciones tienden a mantener y mejorar los resultados del año anterior en cuanto a la información publicada. La mejora ha sido más significativa en las administraciones pequeñas, que en el período inicial presentaban un cumplimiento más precario. Cabe destacar que globalmente 9 de cada 10 portales utilizan la solución provista por la AOC.
En cuanto a la calidad y formato de la información, el análisis de los portales refleja, en términos generales, carencias sustanciales en el cumplimiento de los criterios legales de actualización y claridad de la información y de reutilización de los datos publicados.
Respecto al número de inscripciones en el Registro de grupos de interés también ha experimentado un incremento exponencial, pasando de casi 100 en el primer informe a cerca de 2.000 el pasado mes de mayo.
Por lo que respecta a las obligaciones de buen gobierno, el informe destaca avances significativos en la elaboración de códigos de conducta y mucho más limitados en lo que se refiere a la elaboración de cartas de servicios adaptadas a la Ley y la calidad normativa.
El Informe también destaca que está pendiente el despliegue reglamentario de la Ley 19/2014 para concretar su alcance y obligaciones, aunque se han iniciado los trabajos para hacer efectivo este despliegue.
Un total de 251 ayuntamientos y 3 consejos comarcales no han respondido al cuestionario del Síndic para poder elaborar el informe, y 53 de un total de 175 no han respondido una solicitud de acceso a información hecha de incógnito. Puede consultar elinforme completo y los documentos anexos.
