Según un estudio realizado el pasado julio por Transparencia Internacional España se deduce que la Generalitat, el Parlament, 13 de los 16 ayuntamientos catalanes analizados, las 4 Diputaciones y 8 Universidades públicas catalanas cumplen de forma mayoritaria la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones tal y como establecen la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En este contexto, cabe remarcar el importante papel de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la Generalidad de Cataluña, y que se ofrece a las administraciones públicas locales catalanas ya las universidades públicas, mediante el Consorci AOC, que facilita el cumplimiento de esta obligación y, de rebote, también la de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, donde los entes públicos pueden enlazar para dar cumplimiento a parte de las obligaciones de contratación que esta ley incorpora.
Actualmente, la solución de Seu-e 2.0 y Transparencia del Consorci AOC, facilita el enlace a esta plataforma y próximamente se facilitará la información, directamente, en datos abiertos.
Este balance favorable contrasta con la situación global existente en todo el estado que, según el estudio en cuestión, pone de manifiesto un incumplimiento legal inaceptable y preocupante que debería corregirse en los plazos más breves a fin de garantizar la transparencia, prevenir la corrupción, respetar las reglas de la competencia y mejorar la eficiencia económica.
Fuente: transparencia.org.es
