Con ese título tan provocador, El País publicaba hace unos días un artículo sobre el derecho de acceso a la información pública, fruto de un trabajo de investigación realizado durante estos meses, pidiendo información a diferentes entes.
Este derecho, que se deriva y se regula en la Ley de Transparència, aprobada a finales de 2014, es activo desde el pasado 1 de julio de 2015, como concepto de publicidad pasiva, para todos aquellos entes sujetos a la misma.
El artículo se centra en comentar sólo las peticiones de acceso que han sido denegadas y el motivo de esta denegación, pero no nos explica si en este trabajo de campo se facilitó información que pueda ser un buen ejemplo de buenas prácticas en transparència. ¿Quizás lo deja por otro artículo?
En todo caso, de momento, si desea echar un vistazo a los resultados de la citada búsqueda, puede consultar el artículo aquí: La administración burla la Ley de la Transparència
Os recordamos que el Consorci AOC ofrece a los entes locales recursos para poder cumplir con este derecho de la ciudadanía:
