De acuerdo con lo Decreto 221/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público y se aprueba su organización y funcionamiento, una vez publicados los nombramientos de sus miembros, se ha constituido el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público. Por tanto, de conformidad con lo que establece la disposición transitoria segunda del mismo Decreto, los procedimientos en curso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña “deben adaptar su tramitación a las disposiciones de este Decreto a partir de la constitución del Tribunal y serán válidos todos los trámites realizados hasta ese momento”.
Ámbito de actuación
El Tribunal ejerce sus funciones en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de las entidades y organismos que forman parte de su sector público que tienen la consideración de poderes adjudicadores y, en su caso, de las administraciones locales integradas en su territorio y de las entidades y organismos de la Administración local que tienen la consideración de poderes adjudicadores.
El Tribunal tiene competencia material sobre los siguientes actos:
- a) Resolver los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra los actos relacionados en el apartado 2 del artículo 40 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , cuando se refieren a los tipos de contratos especificados en el apartado 1 del mismo artículo y no se trate de procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia del artículo 113 del mismo texto refundido.
- b) Decidir sobre la adopción de medidas provisionales solicitadas en los términos establecidos en el citado texto refundido, con anterioridad a la interposición del recurso especial en materia de contratación.
- c) Resolver las cuestiones de nulidad basadas en los supuestos especiales de nulidad contractual establecidos en el artículo 37 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre .
- d) Resolver las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación de los contratos, las medidas provisionales y la cuestión de nulidad a que se refieren los artículos 101, 103, 109, 110 y 111 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.
