Los Estados miembros dispondrán de 2 años para transponer las disposiciones de las nuevas normas a sus respectivas legislaciones nacionales.
Vencido el plazo de transposición, todas las entidades contratantes de los países de la Unión tendrán la obligación de utilizar medios electrónicos para anunciar los procesos de contratación, recibir las ofertas de las empresas licitadoras o realizar las notificaciones propias de cualquier concurso público.
Como se ha podido comprobar en los casos de estudios documentados por la Comisión Europea, el uso de medios electrónicos en los procesos de contratación pública reduce el coste de contratación entre un 5% y un 20%, dependiendo de los casos. Esto quiere decir que, siendo conservadores, las administraciones públicas españolas podrían ahorrar alrededor de 7.800 millones de euros anuales. Fuente: OBCP
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